El movimiento estudiantil-popular de 1968 produjo diversos efectos a corto, mediano y largo plazo,
uno de ellos, dentro del ámbito de la política educativa. Como parte de una estrategia “pacificadora”
por parte del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el mandatario ofreció resolver el conflicto mediante
una reforma integral y de largo alcance. Dicha estrategia evitó atender las verdaderas demandas
plasmadas en los seis puntos del pliego petitorio y en cambio buscó concentrar la atención pública
en la promesa de una solución artificiosa. En su cuarto informe de gobierno, Díaz Ordaz aseguró que
la raíz de la movilización remitía a un problema educativo: “Examinemos ahora, brevemente el
verdadero fondo del problema: la urgencia de una profunda reforma educacional. Problema no sólo
de México: la crisis de la educación es mundial”. En aras de atenderlo, giró órdenes al Congreso de
la Unión desde donde se promovió la reorientación de la educación y se integró para ello una
comisión especial que analizaría el “problema” de la juventud. La cámara se propuso escuchar la
opinión y experiencias de maestros, jóvenes e interesados en el tema con el fin de resolverlo. El 30
de septiembre, tan sólo dos días antes de la matanza en la Plaza de las Tres Culturas, el secretario
de educación pública, Agustín Yáñez, dio a conocer en una conferencia de prensa el plan para
reestructurar integralmente la educación en todos sus niveles
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